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Ciudades y migrantes. Nuevos retos para la gobernanza local

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           “Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla”.

Librado Rivera

Desde sus inicios, la migración ha sido un fenómeno social consustancial a la humanidad, redefiniendo fronteras y transformando sociedades. Con el incremento de la migración sur-sur en América Latina y el Caribe a mediados de 2016, diferente a los habituales flujos migratorios sur-norte, las ciudades latinoamericanas se han convertido en espacios sociales que requieren especial atención, en virtud de la cantidad de ciudadanos migrantes que llegan a estas en búsqueda de las pocas oportunidades y los problemas estructurales que aun padecen las urbes latinoamericanas.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2015, aproximadamente 25 millones de migrantes latinos habían emprendido la travesía hacia el norte y residían en Estados Unidos y Canadá. Para comienzos de 2016, Según el estudio Migración internacional en las Américas, realizado conjuntamente por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la migración intrarregional entre países de América Latina y el Caribe sólo representa una cuarta parte de toda la emigración registrada en la región. No obstante, involucra a unos cuatro millones de personas y crece al ritmo de un 17% anual, como consecuencia, entre otros factores, de la estabilización de los flujos hacia los países de la desarrollados y de la consolidación de procesos de integración regional como Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ya para finales de 2017, el Informe 2018 de la OIM destaca que, la migración intrarregional en América del Sur se ha intensificado. En total, el número de migrantes intrarregionales en América del Sur aumentó un 11% entre 2010 y 2015, y aproximadamente el 70% de todos los flujos de inmigración de la región son de carácter intrarregional. Debido a las disparidades económicas y laborales existentes entre los países y en especial debido a la crisis que afronta Venezuela.

A raíz de la creciente crisis política, económica y social en Venezuela, desde mediados de 2016, los flujos migratorios en la región comenzaron a considerar los movimientos de ciudadanos venezolanos a diferentes países de América Latina y el Caribe, en especial los que por vía terrestre facilitan su llegada, generando preocupación y abriendo nuevos debates sobre un fenómeno social que requiere intervención por parte de los estados y sociedades receptoras. Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aproximadamente un millón seiscientos venezolanos se han radicados en ciudades de América Latina y el Caribe en 2017, cifras que vienen a configurar nuevos esquemas urbanos y desafíos para quienes deben responder ante este fenómeno social. Para 2018, estas cifras se aproximan a los cuatro millones de migrantes.

Tal como lo reseña Ignasi (2007), la dimensión global del movimiento migratorio no excluye que nos encontremos ante un hecho que tiene una dimensión eminentemente local, que se proyecta en la gestión del hecho migratorio y que conlleva una importante transformación, no sólo social y económica del entorno, sino que también en relación con los cambios de gestión municipal de algunos de los recursos y servicios prestados por esta administración. Se puede considerar, con propiedad, que los municipios son la administración hacia donde se dirigen las migraciones.

Tal vez las  experiencias de regiones europeas que han lidiado con el fenómeno migratorio desde décadas, pueden servir de referencia para los gobiernos locales en América Latina y el Caribe, quienes deben lidiar ante las insuficiencias propias de un frágil esquema de descentralización y la débil gobernanza que exhiben. Y es que la Administración local, como administración más próxima al ciudadano, a pesar de que no disponer de normativas, recursos ni competencias adecuadas al fenómeno social, frecuentemente se encuentra ante la necesidad de resolver demandas y aportar las soluciones que exigen sus ciudadanos.

Más allá de la percepción, e impacto en la gestión local que genera la migración, las acciones encaminadas a integrar al migrante en las ciudades de destino, deben conllevar a los gobiernos locales, a generar un debate desde la participación y liderazgo comunitario, en el cual se deben generar los procesos de coordinación en las siguientes áreas:

  • La gobernanza local de la migración
  • La migración en los procesos de planificación local
  • La migración y su participación en los procesos de participación ciudadana
  • La migración y los servicios primordiales (salud, educación, seguridad y empleo)
  • Nuevas configuraciones urbanas

Bajo estos escenarios de intervención, se deben orientar las políticas públicas locales, permitiendo en primer lugar, que los gobiernos locales trasciendan la migración como un fenómeno social habitual, es especial en regiones donde las oportunidades son pocas, generando nuevas formas de atención, provisión de servicios y el diseño de programas y proyectos de desarrollo que consideren al migrante como un ciudadano con deberes y derechos. De igual manera, serán importantes las iniciativas y estrategias que desde los gobiernos locales definan e implementen a fin de buscar la participación del gobierno nacional, ONGs, academias y diversas asociaciones entre otros actores del tejido social.

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