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Ciudades y política: urbanismo

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CIUDAD, POLÍTICA Y URBANISMO 2021

Por: Horacio Núñez

Arquitecto urbanista

La ciudad ha sido históricamente el ámbito de la ciudadanía, es decir el territorio de hombres y mujeres libres e iguales.

Jordi Borja-Zaida Muxí, El espacio público, ciudad y ciudadanía- Barcelona, ​​2000.

 

Todo está conectado. En el contexto actual de crisis sanitaria política y climática, nuestras ciudades son objeto de las más diversas reflexiones tanto por la exposición y vulnerabilidad poblacional, como por su potencialidad operacional para enfrentar la pandemia. El uso y la producción del espacio público, las nuevas alternativas de movilidad urbana o el crono urbanismo y la economía circular, entre otros temas abordados ya sea para prevención y respuesta; configuran un escenario de alta complejidad, en cuyo marco se desarrolla el actual proceso electoral nacional que coincide con el bicentenario.

Desde una perspectiva sistémica es evidente la interrelación y dependencia entre las políticas urbanas y los procesos de desarrollo de nuestras ciudades, con los modelos de desarrollo económico liberal y los roles del estado; en su diversos niveles de gestión, ya sea nacional, regional y local; y si bien la normatividad establece funciones pertinentes para cada nivel, éstas se trasgreden en función del interés de los grupos de poder o gobiernos de turno. La informalidad y la especulación junto con el tráfico de tierras y las invasiones de la propiedad pública o privada; evidencian las limitaciones de nuestra sociedad y del gobierno para el ordenamiento territorial y la sustentabilidad ambiental, el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030.

La política entendida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por grupos que detentan el poder, para conducir el accionar de la sociedad (polis) y el bienestar común; es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones, para alcanzar ciertos objetivos. En el contexto de una sociedad democrática, la política guarda una importancia significativa, en la medida en que garantice el funcionamiento del sistema. El modelo político se complementa con un modelo económico, sin la economía no se puede pensar el accionar político. Y en la actualidad, dentro del sistema capitalista y el contexto político electoral, se presentan dos modelos diferenciados: el neoliberal, donde la acción del estado es acotada y no regula, y es más bien condicionado por el mercado (en el supuesto de que éste se autorregula y es capaz de enmendar sus propias falencias), y el modelo populista, que plantea un estado interventor, que regule la actividad financiera/económica y busca equilibrar las brechas entre ricos y pobres.

Las sociedades sumamente desiguales no funcionan en forma eficiente y sus economías no son estables ni sostenibles a largo plazo, Cuando un grupo de intereses detenta demasiado poder, logra imponer las políticas que le benefician, en vez de las que benefician a la sociedad en su conjunto.

Josep Stiglitz, El precio de la desigualdad.  

La debilidad estructural del estado, cuestionada desde diversas tiendas políticas no es sino el resultado de un marco normativo y unas prioridades gubernamentales históricas que han hecho inviable su fortalecimiento, impidiendo crear la institucionalidad pública necesaria para planificar y gestionar el desarrollo del territorio y a las ciudades como componente estratégico del mismo, los sistemas de gestión gubernamental en sus tres niveles, no cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar derechos básicos como a la vivienda, educación, salud o a un ambiente saludable.

Vivimos en una época en Ia que los derechos humanos se han situado en primer plano como modelo político y ético. Se dedica mucha energía a su promoción, protecci6n y articulación como pilares para Ia construcción de un mundo mejor, pero acostumbran a formularse en términos individualistas y basados en la propiedad, y como tales no cuestionan la lógica de mercado liberal y neoliberal hegemónica ni los tipos neoliberales de legalidad y de acción estatal.

David Harvey, Ciudades rebeldes Del derecho de la ciudad a la revoluci6n urbana

La desigualdad urbana, caracterizada por los niveles de pobreza, marginalidad y exclusión se materializa en los altos niveles de mortalidad frente a la pandemia; cuyo impacto supera las 180,000 muertes a nivel nacional,  con una alta incidencia en las ciudades y sus áreas marginales; debido a la carencia de infraestructura, equipamiento y servicios.

El rol del estado para garantizar el bien común y la democracia como sistema político para una gobernanza efectiva del bien común, durante los últimos 30 años configuran una situación histórica de precariedad, desigualdad y fragilidad; lo cual es más visible en las zonas tugurizadas, los cinturones de miseria, asentamientos urbano marginales y zonas rurales; se evidencia de esta manera la necesidad de un cambio.

Un cambio que haga factible contar con un estado regulador del mercado, un estado con las capacidades de planificación y gestión en cada nivel de gestión para garantizar derechos, un estado que cuente con una política fiscal clara, con una estrategia de redistribución de la riqueza; con cuerpos técnicos capaces de potenciar el capital humano, con una visión del bien común, con una mirada de igualdad e inclusión. En esta apuesta de cambio, que también debe ser constitucional; las ciudades son fundamentales para el desarrollo de sus territorios, cuencas y paisajes, con instrumentos y proceso participativos de gestión en función de sus potencialidades, la innovación tecnológica, la educación y la investigación.

En una perspectiva de síntesis, las variables e indicadores determinantes para un modelo de ciudad que haga factible el acceso a derechos fundamentales como el de la vivienda, salud y educación, el espacio público y el saneamiento básico; tiene que estar relacionado con un modelo de desarrollo económico inclusivo que aborde la informalidad e ilegalidad de los procesos de ocupación del territorio y en particular del suelo urbano; pero sobre todo que aborde la dignidad de los habitantes de la urbe. Un modelo que haga posible la gestión del recurso suelo, de manera transparente y participativo; una estructura institucional funcional, concebida con un enfoque territorial y que en cada unidad de planificación y gestión (barrio, sector, distrito), pueda intervenir desde una perspectiva integral, con enfoques de género e interculturalidad, una matriz o red de gestión democrática con enfoque multisectorial e intergeneracional y con una apuesta por la inclusión; para garantizar una calidad de vida digna al conjunto de la ciudadanía; reduciendo desigualdades entre los sectores consolidados y las áreas de expansión; con estándares mínimos de calidad (acceso al agua, vivienda segura) e indicadores de bienestar (calidad del aire y acceso a servicios); que incluyan estrategias transversales para la prevención del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

La creencia de que por medio del pensamiento y la acción consciente podemos cambiar para mejor tanto el mundo en que vivimos como a nosotros mismos, se identifica con la tradición humanista.

David Harvey, 17 Contradicciones y el fin del capitalismo.

El urbanismo, según Borja, actúa sobre las condiciones de vida de la ciudadanía: por lo tanto sus fundamentos básicos son éticos, humanistas o sociales y parten de algunos principios elementales: a) la ciudad debe garantizar a todos los habitantes por igual el acceso a los bienes y servicios que son comunes o necesarios a todos (vivienda, transportes, reconocimiento, espacio público, etc.); y b) contribuir a las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas con el fin que los derechos se hagan realmente efectivos. El urbanismo nace con dos características o fundamentos esenciales, el primero es funcional pero de carácter universal: construir la ciudad igualitaria y el segundo es político: intervenir mediante el urbanismo en la reducción de las desigualdades y promover la calidad de vida de los ciudadanos.

Si en nuestras ciudades se multiplican las desigualdades espaciales y el desarrollo urbano es precario e insostenible, los fundamentos éticos del urbanismo han sido pervertidos; por lo cual se requiere de una acción interdisciplinaria con una nueva visión y enfoque, territorial e inclusivo, para la planificación y gestión del desarrollo urbano y regional, así como de una institucionalidad democrática, eficiente y transparente; creando y fortaleciendo capacidades desde una perspectiva ética y sistémica para establecer y garantizar el derecho a la ciudad; como un impostergable paradigma a construir: una decisión y acción política con participación.

Lima, 01/06/2021.

 

 

 

 

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