Organizaciones encargadas de las reservas colombianas se unen por la protección

Colombia ya tiene leyes de Cambio Climático y de Páramos

LA Network Ciudades - Ciudades
31 julio, 2018 - Ecología Urbana

La normativa contribuye al cumplimiento del compromiso adquirido frente al Acuerdo de París para reducir el 20 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Colombia tiene 4,3 millones de nuevas hectáreas protegidas
Colombia tiene 4,3 millones de nuevas hectáreas protegidas. Foto: ONU Medio Ambiente

El Gobierno de Colombia, a través del presidente Juan Manuel Santos, sancionó los proyectos que convierten en normas la Ley de Páramos y la Ley de Cambio Climático, que crean las condiciones y directrices necesarias para gestionar la adaptación del territorio nacional a los efectos de este fenómeno y poder así mitigar la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Visita: Ganadería extensiva es la menos sostenible.

El objetivo de la reglamentación sobre cambio climático es reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos de esta alteración climática y promover la transición hacia una economía competitiva y sustentable. Contempla, además, el reconocimiento del Sistema de Información Nacional sobre Cambio Climático como uno de los elementos fundamentales para la toma de decisiones, y prevé la creación de instrumentos económicos y financieros para la gestión del cambio climático.

Por su parte, la Ley de Páramos está orientada a construir las bases de una política pública en materia de conservación de estos ecosistemas, entendiendo su integralidad y su importancia por los servicios ecosistémicos que prestan.

Lea de nuevo: Colombia tiene 4,3 millones de nuevas hectáreas protegidas.

Las fuentes de financiación de estas leyes serán, entre otros, los pagos por Servicios Ambientales, las líneas especiales de crédito y la asistencia técnica y acompañamiento del sector agrícola, como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las autoridades ambientales regionales.