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¿Están preparadas las ciudades latinoamericanas para usar cámaras corporales de seguridad?

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El estreno de las cámaras corporales de seguridad para la Policía de Medellín reactiva un debate necesario en la región. La reflexión de los expertos no se limita únicamente al evitar abusos de poder y garantizar el respeto ciudadano a la autoridad, implica también pensar en el derecho a la privacidad.

Serenos de Lima con cámaras corporales de seguridad. Foto: Cortesía

El uso de cámaras corporales (bodycam) para grabar el desempeño de los policías en las ciudades del mundo y de Latinoamérica, no ha estado exento de debate, moviéndose entre el aplauso de expertos, alcaldes, jefes de policía y de ciudadanos que consideran que esta tecnología de seguridad es garantía de respeto entre la autoridad y las personas.

Medellín (Colombia) es otra de las ciudades latinoamericanas que entra en la onda tecnológica de las bodycam al poner en servicio y tras más de un año de anunciar su implementación, un total de 1 644 cámaras corporales para la misma cantidad de agentes y con una inversión superior a los US$4’700.000.

De esta manera, la ciudad colombiana que enfrenta una lucha de largos años con la delincuencia organizada, se une a muchas otras del mundo –de hecho, datos para 2016 señalaban que más de 1.000 departamentos de policía de Estados Unidos las usan-, y latinoamericanas como Tijuana y Culiacán en México o Lima en Perú, donde el año pasado fueron puestas en operación 135 “cámaras testigo” entre igual número de serenos (policía comunitaria).

Para las autoridades locales de Medellín, el uso de estos dispositivos permite, entre otras ventajas y en coincidencia con expertos, mejorar el desempeño de los policías gracias a la obtención de pruebas para los procesos judiciales, un tema bastante relevante en un país que como Colombia reclama a su aparato judicial un mayor número de condenas con base en juicios bien sustentados.

Las bodycam también ayudan a generar mayor transparencia en los procedimientos (evitando abusos de fuerza o actos de corrupción como sobornos) y además en la reducción de las quejas contra los policías.

Las cámaras se activan de forma automática y graban simultáneamente audio y video. El material registrado es monitoreado, en tiempo real, por un responsable de seguridad que envía las alertas necesarias en caso de que haya un hecho extraordinario (soborno, ataque, enfrentamiento, crimen, etc).

En ciudades como Rialto (California), se han presentado en determinados momentos, reducciones del 60 % en los abusos de fuerza y un 90 % en quejas, con base en una de las premisas fundamentales de la psicología humana y que funciona tanto para policías como para ciudadanos y que señala que, si alguien se siente grabado, se comportará mejor.

“La intuición nos dice que las videocámaras deberían tener el mismo efecto que los niños pequeños que saben que están siendo vigilados por un adulto severo. Todos se portan mejor. Los uniformados actúan con más responsabilidad y profesionalidad, y los ciudadanos evitan provocaciones y desmanes que, al quedar grabadas, podrán ser usadas en su contra en los tribunales, o incluso ante la opinión pública”, escribió Mauricio Bastién, en su momento como consultor en seguridad del Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington.

¿Están preparadas las ciudades latinoamericanas para usar cámaras corporales de seguridad?
Las ciudades tienen un reto complejo para operar integralmente este tipo de tecnologías que, como en muchos casos, resulta más denso que la simple compra y puesta en operación de equipos electrónicos

Pero Max Yuri Gil, investigador social y de temas de seguridad en el contexto colombiano, piensa que la implementación de estos dispositivos tiene aristas que extienden el conjunto de consideraciones más allá de grabar posibles pruebas en casos judiciales, evitar abusos o irrespetos a las autoridades, además de los costos que implica el soporte tecnológico de grabar, como en el caso de Medellín, vídeo de 1 600 policías, las 24 horas.

“En principio constituye una posibilidad frente al grave problema de connivencia (complicidad) entre sectores institucionales y sectores delictivos en Medellín, que ha sido demostrada en capturas e investigaciones. Ahora, esta medida puede ayudar a resolver algunas cosas, pero no ser útil al conjunto de las actividades criminales de Medellín. Puede servir para disminuir los casos de corrupción y abuso de autoridad por algunos integrantes de la fuerza pública, especialmente en la relación más cotidiana con la ciudadanía, en asuntos como brutalidad policial o fuerza desmesurada, pero en otras dimensiones de la criminalidad no servirán, pues eso simplemente hará que los policías realicen sus actividades ilegales cuando no tengan el dispositivo”, señaló el experto local.

Agregó que otro de los defectos no considerados en esta implementación, es que estos dispositivos están destinados para los policías de base, los de menor rango que operan en las calles, pero no a suboficiales y oficiales que tienen mayor poder de decisión y también se han visto involucrados en relaciones ilegales con grupos delincuenciales.

De hecho, cabe mencionar el sonado caso de las relaciones y el trato del entonces secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, con los bandas ilegales de la ciudad, que fueran descubiertas en 2017 y por lo que fue detenido y condenado, aunque de forma exigua, un año más tarde.

Un asunto mucho más crítico y de permanente debate

Otra de las dimensiones críticas de este tema y que los expertos consideran crucial es el de la protección de personas que se ven involucradas en los vídeos, activa o pasivamente, pero sin ser policías o delincuentes.

“La identidad de algunos involucrados, incluyendo personas que aparecen en los videos sin participar en la interacción con el policía, debe ser resguardada. En Spokane, una persona debía trabajar por tres horas para “limpiar” una hora de video antes de poder divulgarlo al público”, relató el consultor Bastién.

En ello no solo coincide Gil, sino que advierte, en un llamado que aplica las demás ciudades latinoamericanas que quieran dar este paso en la seguridad ciudadana; que no basta poner en acción el dispositivo, sino que hay que hacer un trabajo regulatorio más complejo.

“Es un potencial de riesgo para los testigos y lo que va a pasar es que se van a abstener por miedo a dar su declaración, por ejemplo. Allí lo que hay que establecer son mecanismos judiciales y de control por parte de la Procuraduría, en el caso local, que es la competente de la vigilancia de la fuerza pública; para que declaraciones, testimonios o aportes de las personas no se conviertan en un factor de revictimización, lo que sería más grave aún”, señaló el investigador social.

En Estados Unidos, por ejemplo, se conoció casos como el de la policía del Condado de Baltimore, que baleó a por lo menos seis individuos en 2017 y todos estos incidentes fueron grabados por una cámara. Pero el Departamento de Policía del Condado se negó a publicar el video en la mayoría de esos episodios. Ante esta situación, la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), ha demandado que cualquier video que muestre ese tipo de violencia causada por policías debe ser publicado dentro de los cinco días hábiles de haberse hecho un pedido público. Aquí cabe sopesar las enormes diferencias en materia de leyes, control e investigación sobre los cuerpos de policía en Estados Unidos y los precarios controles que puede haber en América Latina a estos organismos.

Como se puede ver, las ciudades tienen un reto complejo para operar integralmente este tipo de tecnologías que, como en muchos casos, resulta más denso que la simple compra y puesta en operación de equipos electrónicos que ayuden a las policías de las ciudades y su lucha contra la criminalidad o el sostenimiento de la convivencia ciudadana.

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