Para el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución Política, es Norma de Normas, su vulneración por omisión de un deber constitucional, como es el caso de la omisión legislativa por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta Política, contraría este sistema jurídico y los principios del Estado Social de Derecho. El mandato de la Constitución Política de 1991 efectuado al Congreso de la República, referente a la expedición de un Estatuto de Trabajo conforme a principios mínimos fundamentales, ha sido quebrantado por más de veinte años y su incumplimiento, ha consolidado una omisión legislativa