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Instituciones inteligentes

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El concepto de #SmartCities atiende a la materia prima de las ciudades: la ciudadanía. 

Las ciudades inteligentes se trazarán a partir de acciones afirmativas en las que la población es parte activa, integrándose a la aplicación de tecnologías y modelos sostenibles para brindar soluciones sencillas y eficientes a problemas cotidianos pero trascendentales como la movilidad o la información epidemiológica; la sustentabilidad de los ecosistemas de diversas naturalezas; la solidez institucional que permita el desarrollo de infraestructuras públicas tangibles e intangibles realmente útiles para la convivencia y que mejoran la calidad de vida, implicando necesariamente las garantías de seguridad humana: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad jurídica, seguridad política.  

Las ciudades inteligentes son el efecto de las dinámicas de sus habitantes según las condiciones en las que se encuentran desde los diversos roles que desempeñan, por ejemplo, desde un ámbito económico se establecen entornos para la competencia otorgando una mayor gama de posibilidades al cliente, se favorecen líneas de producción y distribución circular, se incentiva la innovación a la vez que el conocimiento industrial aplicado permite implementar nuevos procedimientos y productos amigables con el planeta. Sin embargo, el desarrollo de estos ecosistemas depende de las condiciones jurídicas, sociales, políticas, georreferénciales, estructuras potencialmente viables para la inversión. 

Desde esta óptica, si bien el componente tecnológico e informático son instrumentos idóneos para las ciudades inteligentes, no son suficientes y para optimizarlos se integran directamente los principios de la democracia, entre los que se destacan principalmente: la división y contrapeso de poderes, la igualdad política, la garantía de las libertades, los derechos y deberes de la ciudadanía, la relevancia de lo público y su extensión que sobrepasa las instituciones gubernamentales.  

El indicador esencial de las ciudades inteligentes será la calidad de vida de la población, representada en el nivel democratizado de acceso a bienes y servicios de calidad, esencialmente los servicios públicos. La función pública de calidad se manifestará entre otras formas, en los estándares sanitarios y nutricionales de la población, en la infraestructura primaria, secundaria y terciaria que dinamiza nuevos mercados, en los diseños del espacio público que armonizan la movilidad y transforman la percepción urbana creando valor, en la educación pertinente para el desarrollo personal y social, en la sostenibilidad y sustentabilidad minera, agroforestal y energética, en los espacios re-creativos comunitarios para la integración, la cultura y el deporte, en los marcos regulatorios que protegen la integridad de la ciudadanía y atraen la inversión, en la confianza institucional que amplía los márgenes de acción de la legalidad y el cumplimiento de las políticas públicas.   

Habitar sociedades política, civil y económicamente libres, nos suscribe como ciudadanos a la responsabilidad de proteger las instituciones para la democracia; es así como las ciudades inteligentes desarrollan mecanismos para la participación ciudadana desde las mesas de trabajo inclusivas y las rutas de información, seguimiento, veeduría y control político. El acceso a la justicia digital también es un reto de las ciudades inteligentes ya que posibilita economizar y brindar celeridad a los servicios judiciales democratizando la prestación de este servicio público esencial fundamental para la convivencia.  

Lo público como competencia de todos. 

Medellín es una ciudad con un componente que resalta: la resiliencia. Asumir las dificultades de su historia a partir de la transformación del espacio público brindando nuevos imaginarios sociales, le ha permitido que el desarrollo urbanístico abra paso a la innovación social, donde se gestan las estructuras más profundas de las ciudades del futuro correspondientes al pensar, quehaceres de su población.  

Sin embargo, hoy es imprescindible recuperar la confianza en las instituciones de la ciudad, el bien general requiere de la reconciliación como compromiso enmarcado en la convivencia pacífica, donde cada persona asume el cuidado de lo público entendiendo esto como una extensión del cuidado de sí y de los otros, pues aquí se proyecta su ciudadanía materializada en garantías para la vida en dignidad.  

Los tejidos de la institucionalidad de la capital antioqueña conformada por el Estado, la empresa privada y la academia, deben reafirmar sus principios democráticos permitiéndose una próspera reactivación social y económica en tiempos de transición. Tejer desde el respeto por el interés común.  

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