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La oportunidad de un acuerdo urbanístico para América Latina y el Caribe

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Nota del editor: Este artículo hace parte de una colaboración con ONU-Habitat para informar sobre avances del desarrollo urbano sostenible y promover la implementación de la Nueva Agenda Urbana en la región. Los autores son invitados y expresan sus visiones.

El Morro de Papagaio es una favela en la zona sur de Belo Horizonte, con una población de 17.000 habitantes (de acuerdo con el último censo), 3.848 residencias y un área total de 477 mil metros cuadrados. Recibe el apodo de la favela más noble de la ciudad, por estar completamente rodeada por barrios de clase alta, lo que ha generado una fuerte especulación inmobiliaria.
Foto: Morro de Papagai, Belo Horizonte.

Trabajar sobre la propuesta de un acuerdo urbanístico para América Latina y el Caribe fue uno de los resultados de la XXVII Asamblea General de Ministros de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) realizada entre del 24 al 26 de octubre en Buenos Aires.  Este foro constituido en 1992 es la principal instancia para la concertación política, coordinación y cooperación regional en los temas de vivienda y el desarrollo urbano sostenible de la región.

Plantear un acuerdo urbanístico regional en la declaración de MINURVI en la agenda conjunta para el próximo año, representa un gran paso para garantizar el debido cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana en la región.

La Declaración de Buenos Aires establece: “Trabajar en la formulación de un Acuerdo Urbanístico Latinoamericano y del Caribe, con miras a generar vinculación, sustentado en el sistema de derecho de Naciones Unidas, que sirva de base para la adecuación de las legislaciones y normatividades nacionales y sub-nacionales de la Región.”

Detrás de esta declaración hay dos años de trabajo y articulación anteriores y posteriores a Habitat III. La necesidad y oportunidad de crear este acuerdo ha estado estrechamente vinculada al proceso de trabajo para el desarrollo de un Plan de Acción Regional (PAR) para la implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU), tanto por la participación de los mismos actores, como por los vacíos encontrados para su éxito en los próximos años.

Más específicamente, el Colegio de Jurisprudencia Urbanística Internacional (CJUR) y actores públicos, privados y de la sociedad civil propusieron en diversas sesiones de trabajo del PAR, la necesidad de contar con un acuerdo para América Latina y el Caribe derivado de Habitat III, centrado en tres ejes esenciales:

1.- Un urbanismo jurídico que reconozca, garantice y repare derechos humanos en todo instrumento normativo: Constituciones, legislaciones, reglamentos, planes, programas y acciones de gobierno.

2.- Una visión integral e interdisciplinar del urbanismo que considere diferentes aspectos normativos que inciden en el espacio y el territorio: Riesgos, vulnerabilidad, medio ambiente, cambio climático, ordenamiento urbano, patrimonio cultural, economía, régimen de propiedad, registro territorial, entre otros,

3.- Justicia urbana que garantice un acceso efectivo de cualquier persona o grupo que requiera demandar y garantizar derechos a través de procedimientos claros y expeditos para proteger dichos derechos. Esa justicia urbana también debe garantizar tribunales y organismos interdisciplinares internacionales y nacionales especializados en materia urbana, medios probatorios claros, sistemas de responsabilidades por violación de derechos.

América Latina y el Caribe es la única región con un plan enfocado en sus especificidades y que comparte desafíos jurídicos comunes, como la falta de legislación adecuada para alcanzar los objetivos de la Nueva Agenda Urbana, el exceso de normas técnicas, la falta de adecuación de la normatividad a  la realidad y los problemas urbanos, una reglamentación contradictoria, conflictos permanentes de competencia constitucional y legal entre autoridades y poca efectividad de las leyes para garantizar derechos, entro otros.

El acuerdo propone incorporar en las agendas estratégicas regionales el objetivo central de promover los principios comunes del urbanismo jurídico latinoamericano sustentado en los instrumentos del derecho internacional, la Nueva Agenda Urbana y el Plan de Acción Regional para América Latina y el Caribe.

Corresponderá a la nueva secretaría de MINURVI, coordinada por Costa Rica, avanzar sobre este acuerdo regional para la próxima reunión anual. Mientras tanto, el acuerdo sigue como elemento de intercambio en los varios espacios de articulación entre actores regionales que trabajan normas, leyes y derechos. Como  ha sido el caso en los “Urban Thinkers Campus: Implementación Legal de la Nueva Agenda Urbana”,  coordinados por CJUR, CEPAL y la World Urban Campaign (ONU-Habitat) en México, Ecuador y Colombia ; el panel “Fortaleciendo la Implementación de la Nueva Agenda Urbana por medio de la Legislación Urbana” durante la Conferencia de las Ciudades, realizado en Chile en octubre de 2018, así como durante el “Seminario Internacional: El Control Urbanístico y la Nueva Agenda Urbana” celebrado en Medellín,  Colombia durante el mes de Noviembre de 2018.

Un intenso proceso de reflexión, debate y propuesta ha sido iniciado para materializar una acción conjunta que busca garantizar derechos y promover la democratización del conocimiento urbano legal para lograr procesos ciudadanos de gobernanza y de rendición de cuentas a nivel local.

Escrito por: Carolina Guimaraes, consultora de gestión de conocimiento, urbanista y gestora de proyecto para LAC y Pablo Aguilar, CJUR.

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