¿Los planes de mejoramiento de barrios están reduciendo la pobreza?

LA Network - Equipo editorial
Los proyectos para el mejoramiento de barrios precarios deben proponer diferentes acciones de integración que hagan frente a cada una de las formas de segregación identificadas. Foto: Barrio Smart en Atlixco

Por Carlos Escobar – Diseñador urbano con énfasis en mejoramiento de barrios

Los programas de mejoramiento de barrios no solo deben estar enfocados en el desarrollo físico espacial, social, e institucional. También deberían favorecer el desarrollo económico de las áreas más vulnerables de nuestras ciudades y de las comunidades que las habitan. En América Latina y el Caribe los procesos para el mejoramiento de barrios precarios se han enfocado en la provisión de servicios básicos, en mejorar la movilidad y la accesibilidad, en incrementar el espacio público y los equipamientos, y en la legalización y la regularización de estos territorios.  Sin embargo, esta estrategia no enfrenta de manera directa, el que, tal vez sea, el mayor problema existente en ellos: la pobreza.

La escasez de recursos económicos con los que cuentan las comunidades que habitan los barrios vulnerables es una de las principales barreras para el acceso a servicios de salud, educación, recreación, transporte, alimentación o vivienda digna.

Con este artículo iniciamos a una serie de dos blogs, en los que daremos respuesta a los siguientes interrogantes: ¿cuál es el estado de los planes de mejoramiento de barrios en América Latina y el Caribe?, ¿están ayudando a reducir la pobreza?, ¿existe algún precedente que lo haya conseguido con éxito en nuestra región? ¡No lo dudes, sigue leyendo para conocer más detalles!

Desigualdad, pobreza y violencia: un círculo vicioso en los barrios vulnerables

En la región, el 82 % de la población vive en ciudades y el número de residentes se ha multiplicado por más de 6 desde 1960. Esta explosión demográfica ha incrementado la demanda de servicios esenciales en las ciudades, ha desbordado la cobertura de las políticas, estrategias y programas de inversión social, y ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones públicas. Por otra parte, de los 652 millones de habitantes que alcanzó América Latina y el Caribe en el año 2020, se estima que 209 millones viven en condición de pobreza. Además de esa población vulnerable, cerca del 70 % son habitantes urbanos. Esto significa que cuatro de cada diez personas que habitan en ciudades de la región viven con menos de 5 dólares diarios.

La falta de recursos económicos, las crecientes necesidades insatisfechas y la limitada respuesta y presencia estatal han creado el escenario propicio para que muchas comunidades pobres terminen encontrando en los actores ilegales la única fuente para obtener los recursos económicos que les permitan cubrir sus necesidades más básicas. A esto se suma que muchas de las actividades relacionadas con la ilegalidad ofrecen altas tasas de rentabilidad a mano de obra no calificada, en contraste con las alternativas legales que requieren de altas cualificaciones académicas y una alta experticia (virtualmente inalcanzables para estas comunidades) para obtener tasas de retorno atractivas. De esta forma, los elevados niveles de pobreza y desigualdad han terminado por convertirse en los factores que explicarían los indicadores de inseguridad y violencia que se presentan en América Latina y el Caribe. Pese a que concentra menos del 9 % de la población mundial, la región registra 34 de cada 100 muertes violentas que se producen globalmente.

Foto: barrio periférico en Cararas, Venezuela

El resultado: segregación

Los elevados indicadores de pobreza, la ilegalidad y la violencia, sumados a otras condiciones como el deterioro ambiental, la precariedad urbanística y la baja inversión pública, han llevado a que en estos territorios se experimenten, al menos, cinco tipos de segregación:

  1. Segregación física-espacial: resultado de las precarias condiciones de accesibilidad y movilidad, que han limitado las posibilidades de relacionamiento físico y social dentro de estos lugares, y hacia afuera de ellos.
  2. Segregación técnica-legal: estos entornos generalmente son ajenos a las normas y códigos que regulan temas como la ocupación del suelo, los procesos constructivos o el acceso a servicios como el agua, la energía o el saneamiento básico.
  3. Segregación institucional: consecuencia de la baja presencia estatal y la baja cobertura de políticas, programas y servicios institucionales para las comunidades que los habitan.
  4. Segregación económica: estos territorios no hacen parte del engranaje productivo y económico de las ciudades. Las oportunidades laborales de estas comunidades son precarias, ya que se les considera mano de obra no calificada y, por tanto, barata.
  5. Segregación social: porque estas comunidades son asociadas permanentemente con actores ilegales que generan inseguridad y violencia.

Actualidad de los mejoramientos de barrios precarios

Para revertir este situación, los proyectos para el mejoramiento de barrios precarios deben proponer diferentes acciones de integración que hagan frente a cada una de las formas de segregación identificadas.

En el contexto de América Latina y el Caribe, podemos afirmar que los mejoramientos de barrios se han afrontado principalmente mediante dos tipos de estrategias o acciones de integración:

La primera, de tipo legal para la regularización y legalización del suelo y las edificaciones.

La segunda, basada en la construcción de infraestructuras. Entre ellas, provisión de servicios esenciales como agua, energía y saneamiento. Además, mejoramiento de viviendas existentes y/o desarrollo de vivienda social, mejora de la movilidad, dotación de espacios públicos y equipamientos de carácter deportivo, recreativo, cultural, institucional, entre otros.

Bajo este enfoque, muchos barrios precarios han alcanzado notables mejoras urbanísticas que han traído consigo integración física, legal, institucional y, en algunos casos, social. Sin embargo, la ausencia de estrategias de integración económica ha llevado a que la realidad de las familias que habitan estos territorios siga estando condicionada por altos niveles de pobreza, lo que compromete la sostenibilidad de estas intervenciones.

A pesar de los grandes esfuerzos regionales, los indicadores de pobreza no bajan y las condiciones de segregación económica persisten. Solo en 2017, la inversión social en América Latina y el Caribe alcanzó el 11,5 % del PIB de la región. Pese a ello, los indicadores de pobreza van en aumento.

En el próximo artículo abordaremos un caso de éxito que ha demostrado que los planes de mejoramiento de barrios pueden favorecer tanto el desarrollo físico-espacial, como el desarrollo económico, con la consiguiente reducción de los índices de pobreza.

Columna publicada originalmente en Blog del BID