Medellín ‘estrena’ política pública de protección a moradores

Medellín ‘estrena’ política pública de protección a moradores

LA Network - Equipo editorial
22 octubre, 2020 - Movilidad

La Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) –única en su tipo en Colombia– fue definida como principio rector y norma vinculante en el Plan de Ordenamiento Territorial POT aprobado en 2014. Luego de reglamentada y formulada en 2019, hoy empezó a ser aplicada oficialmente con ciudadanos afectados por el Metro Ligero de la 80.

Medellín ‘estrena’ política pública de protección a moradores
Los talleres sobre la política se realizarán con actores públicos responsables de su implementación y en particular con actores organizados de moradores y actividades económicas y productivas afectadas por el Metro Ligero de la 80, obra piloto de la política. Render del futuro Metro de la 80, en Medellín.

La Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) surgió de un principio rector formulado en el Plan de Ordenamiento Territorial POT aprobado en 2014 en esta ciudad colombiana y que dio el mandato de formular una política y hoja de ruta pública. Ello derivó en una construcción colectiva liderada por la Dirección de Planeación de Medellín y por la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), desde el ámbito académico.

Una de las experiencias que sirvió como antecedente a la inclusión del concepto de protección a moradores en el POT, se dio en el año 2012 en la ciudad. “Los planes de desarrollo de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Medellín, como parte de la Alianza Medellín-Antioquia, contemplaban la construcción de una conexión de 4,1 kms de doble calzada entre la Avenida 80 y el Túnel de Occidente, que permitiría la unión definitiva entre la zona urbana y el occidente del departamento, mediante la conexión a la vía al mar y el Urabá.  La Alcaldía, a través del Isvimed (Instituto de Vivienda de Medellín), era la responsable de la adquisición de predios, que incluían predios formales, y una gran mayoría de barrios y asentamientos informales, actividad que inició desde el año 2007 e involucraba la adquisición de cerca de 1.500 predios.  Para dicho año, el 2012, faltaban por adquirir cerca del 40 % de los predios y solucionar la necesidad de vivienda definitiva de cerca de 400 familias”, relata Diego Restrepo Isaza, exdirector de Isvimed.

“Con los principios incorporados en el Plan Estratégico de Medellín, para el reasentamiento en sitio y la protección a moradores, y basados en los decretos emitidos por las alcaldías anteriores para la compra de mejoras (nos damos el lujo los abogados de llamar los tugurios, mejoras), iniciamos un trabajo conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Planeación Municipal, el Concejo Municipal, y de forma espacial, la Personería de Medellín, que creó el Observatorio de Reasentamientos, logrando dos objetivos propuestos:  desde lo físico, entregar la vía; y desde lo social, el más importante, respetar los derechos de los moradores mediante una conversación directa sobre su predio, su vivienda y sus necesidades.   Luego de 5 años la vía es un hecho, algunas familias aún siguen en arriendo temporal (cada vez menos), pero las invasiones continúan en el sector, el cual presenta graves peligros desde lo geológico, que implicará nuevamente hacer presencia institucional, pero la cual cuenta ya con una herramienta que tuvo su germen en el reasentamiento de estas 400 familias, y donde solo se adelantaron 15 procesos expropiatorios, originados varios de ellos por aspectos legales muy específicos”, agrega Restrepo.

Ya incorporado como mandato en el POT, se inició la formulación de la política pública. “Fue un ejercicio social muy bonito y satisfactorio. Es la primera política pública de protección a moradores del país. Con un equipo técnico de Planeación hicimos la discusión técnica y social en todo el territorio de la mano con muchos aliados. Desde el Concejo de Medellín hubo dos liderazgos claros en las concejalas Aura Marleny Arcila y Luz María Múnera”, recuerda Claudia García Loboguerrero, líder en ese entonces del proceso desde la Alcaldía de Medellín y quien actualmente es Directora de Planeación del Departamento de Antioquia.

¿Cómo opera la PPPMAEP?

El proceso de formación y socialización de la PPPMAEP busca facilitar acuerdos con los ciudadanos que habitan o tienen unidades productivas en áreas de influencia de proyectos de desarrollo territorial, obra pública o afectados por riesgos y desastres.

Los talleres sobre la política se realizarán con actores públicos responsables de su implementación, organizaciones territoriales, académicos, ONG, y en particular con actores organizados de moradores y actividades económicas y productivas afectadas por el Metro Ligero de la 80, obra piloto de la política.

Se trata de un trabajo articulado del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (DAP) con la UNAL Sede Medellín – Escuela del Hábitat, mediante contrato interadministrativo, para realizar talleres, diálogos y encuentros con actores, organizaciones y entidades con injerencia en la implementación de la política.

La PPPMAEP, que se construyó de manera colectiva entre junio de 2016 y marzo de 2017 fue aprobada por el Concejo de Medellín mediante Acuerdo Municipal 145 de 2019, con el fin de garantizar el acceso a la protección, el mejoramiento y la sostenibilidad de modos y medios de vida de los moradores de territorios objeto de intervención, ya sea por obras públicas o por riesgos naturales.

La coordinación de la formación y socialización de la política está a cargo de las profesoras eméritas de la UNAL María Clara Echeverría, arquitecta, y María Cecilia Múnera, licenciada en Educación y magíster en Cooperación y Desarrollo, quienes desde tiempo atrás participan en el desarrollo de políticas del hábitat en Medellín.

Medellín ‘estrena’ política pública de protección a moradores
La Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) –única en su tipo en Colombia– fue definida como principio rector y norma vinculante en el Plan de Ordenamiento Territorial POT aprobado en 2014.

Intervenciones históricas

La memoria colectiva de comunidades e instituciones de territorios afectados por intervenciones como el Tranvía de Ayacucho, la Ciudadela Nuevo Occidente, el Puente Madre Laura, Moravia y el Túnel de Occidente, fue punto de partida para definir este problema público que afecta modos y medios de vida de comunidades impactadas.

Muchas intervenciones territoriales desconocieron y desestructuraron la relación morador-territorio, afectando proyectos de vida familiares y tejidos socioeconómicos barriales.

“El impacto sobre los pobladores nunca se había identificado como problema público: su reconocimiento en la normatividad es central. En este trabajo estamos a cargo de la formación de actores, la socialización de la política y el aporte para su reglamentación”, indicó la profesora Echeverría.

La profesora Múnera destaca que la protección a los moradores viene desde la Ley 9 de 1989 y del trabajo, desde la Constitución, pero no estaba estructurada como política.

“Morador es aquel habitante que permanece largo tiempo en el territorio, así como los enamorados permanecen en el amor; permanecer y construir esos territorios significa desarrollar un proyecto de vida”, detalla la docente.

“El reto es que la protección a moradores como principio rija todos los proyectos, que sea parte de los Planes de Intervención, de Acción y de Gestión Social, como determinante para las actuaciones en el territorio”, indicó la profesora Echeverría.

La PPPMAEP actúa en cinco modalidades de intervención territorial: mejoramiento integral; obra pública; gestión del riesgo y desastre; renovación; y reasentamiento, sobre las cuales protege los derechos a la vivienda digna, trabajo decente, medioambiente sano, salud, educación, espacio público, participación y disfrute de la ciudad.

La profesora Múnera indica que “si bien cada uno defiende unos intereses y eso es legítimo e importante, el salto que proponemos es tratar de avanzar hacia horizontes de sentido construidos colectivamente”.

Para la operación de la PPPMAEP se diseñó un protocolo que define el procedimiento para reconocer y proteger los derechos de los moradores, que plantea cómo debe ser la participación de los actores y la información en tres momentos de las intervenciones: antes, durante y después.

“Otro enfoque de la política es la sostenibilidad: si alcanzamos una experiencia piloto de esta política innovadora en lo social, y transformadora en la integración territorial, con participación de todos los actores, demostraremos su sostenibilidad y que sí es posible un desarrollo equitativo y no segregacionista de nuestras ciudades”, concluye la profesora Echeverría.

Para ver el cronograma de talleres sobre la PPPMAEP, siga este enlace: bit.ly/proteccionmoradores

 

Con información de la Agencia de Noticias UN