La investigación destaca que es necesario que los campesinos retomen el control sobre sus sistemas agroalimentarios, con el fin de revertir los problemas de seguridad alimentaria.
Un estudio adelantado por Juliana Sabogal, estudiante del Doctorado en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia, logró determinar que cerca de 2 200 familias de la zona rural de la ciudad de Pasto (Colombia) se encuentran en condiciones de vulnerabilidad alimentaria.
Según pudo determinar la académica, en la zona rural de la capital del departamento de Nariño solo un 25 % de la población se dedica a actividades exclusivamente agrícolas, y las actividades económicas complementarias de estas comunidades campesinas no garantizan su bienestar, pues sus ingresos escasamente llegan a los 300 mil pesos mensuales por familia, es decir, unos 96 dólares.
“Por estar ubicados en inmediaciones de la ciudad, la mayoría de los hombres suele desplazarse para trabajar en labores de construcción, mientras que las mujeres desempeñan tareas asociadas con el servicio doméstico”, explicó Sabogal.
De otro lado, según la investigación, los campesinos que aún tienen una actividad productiva asociada con las faenas agrícolas tampoco tienen mucho poder de decisión, debido a que las políticas agrarias han incentivado que el mercado defina qué se debe producir, a qué ritmo y según qué modelo de producción.
El estudio reveló que, a pesar de que las políticas agrarias de 1960 a 2010 estaban encaminadas a que los pequeños agricultores aumentaran su productividad –y Nariño fue un departamento pionero en implementarlas–, las condiciones alimentarias de la población campesina no han mejorado, y, por el contrario, parecen deteriorarse.
Con información de la Agencia de Noticias Universidad Nacional
