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Bogotá, la megaciudad frente al posconflicto y su sostenibilidad

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Bogotá, la capital de Colombia con sus cerca de 8 millones de habitantes y su concentración de poder político, es crucial no solo para el proceso de posconflicto a nivel nacional, sino para gestionar con base en esa concentración de poder, su propia sostenibilidad y viabilidad como ciudad de todos los colombianos.

Bogotá, la megaciudad frente al posconflicto y su sostenibilidad
Iglesia San Francisco de Bogotá, Colombia

“El reto del posconflicto es hacer el tránsito de la ciudad del siglo veinte (crecimiento, expansión, desigualdad) a la ciudad del siglo veintiuno: compactación, aumento de áreas colectivas y protección de la naturaleza, la igualdad y la democracia”, señala el prólogo del informe sobre la ciudad y particularmente sobre Bogotá.

En ese orden de ideas, la megaciudad colombiana, como modelo de las decisiones a nivel de ciudad y municipios, será afectada o beneficiada de un adecuado devenir del posconflicto y ello bajo la responsabilidad de usar su poder para generar modelos de gobierno democráticos, incluyentes y responsables con el medioambiente.

“La interrelación entre los factores ambientales, políticos y económicos, en medio de unas condiciones históricas y culturales particulares, definidas por el racismo, el sexismo, las violencias contra los desposeídos, el clasismo y la exclusión, hacen que una parte importante de la población local de Bogotá sea refractaria –incluso hostil– al cambio”, expone el análisis de la fundación socialdemócrata alemana Friedrich-Ebert-Stiftung y el Foro Nacional Ambiental.

Pero a la vez, el análisis señala que la diversidad que tiene la ciudad, es a la vez la fortaleza que puede facilitar una nueva ciudad. Sin embargo, el análisis -contrario a lo abordado con Cartagena-, no se basará en temas como  la movilidad sostenible; seguridad ciudadana y  tratamiento a la drogadicción o los servicios públicos, temas esenciales para contrarrestar la exclusión.

Para el caso de Bogotá, el análisis trata de dinámicas urbanas, ideas para poner en práctica y facilitar las transformaciones de una ciudad que a veces va más rápido que las decisiones de sus gobernantes.

Lo primero que el informe considera es que Bogotá es una ciudad segregada a partir del ejercicio urbanístico, que segmenta por estratos socioeconómicos a sus habitantes: el negocio inmobiliario y los urbanistas han generado esa desigualdad social con base en lo inmobiliario como una expresión del poder.  “Si un grupo significativo de empresarios del sector inmobiliario avanzara en una comprensión más incluyente de la democracia, las posibilidades de éxito del proceso de posconflicto estarían aseguradas”.

Bogotá, la megaciudad frente al posconflicto y su sostenibilidad

La informalidad, la falta de educación, falta de empleo, falta de acceso a salud, afectan a unos ciudadanos que no ha podido acceder a la ciudad, a la vivienda, a las condiciones que los inserte en la sociedad. Explica el texto que si se hace una vivienda donde no hay hospital, solo un colegio y no hay casa de justicia, la gente se tiene que desplazar lejos para acceder a esa oferta de servicios que representa en muchos casos su acceso a los derechos. También, ver la calidad de la vivienda: su tamaño, su diseño, la calidad de sus materiales, el espacio público y colectivo disponible.

Precisamente esa falta de condiciones de acceder a derechos y asentamientos óptimos, se agrava con la localización de esas poblaciones con menor capacidad económica en zonas de alto riesgo, por ejemplo de inundaciones, en las que incluso el estado les delega la responsabilidad por lo que acontezca de darse afectaciones -algo que será seguro-.  El informe califica esto como ‘violencia estatal’ y por ello, una ausencia total de aporte en la construcción de paz.

Pese a que Bogotá cuenta con sistemas de información confiables que pueden contribuir a una mejor planeación y  a la toma de mejores decisiones, ello no ha contribuido en la organización del territorio para una urbanización más coherente. Ello ha estimulado tanto la especulación como mayores impactos ambientales “no conducen a un desarrollo ordenado y facilitan la destrucción de inmensas áreas de bosques y pastos que cumplen una función ambiental importante”.

De hecho la oferta de suelo para uso urbano proyectada a 2030 ya está casi al límite en los 29  municipios circundantes… y el informe es crítico al afirmar que la administración actual usa datos incorrectos para establecer las necesidades de suelo para suplir el déficit de viviendas. Afirma el analista, Gerardo Ardila Calderón (exsecretario de Planeación Distrital), que el POT vigente hasta 2015 ya tenía establecidas y con creces, las hectáreas necesarias -se necesita poco más de siete mil y hay destinadas en ese documento más de 20.000-, por lo que rechaza las que se pretenden designar desde ahora para ese futuro.

Aspectos clave para Bogotá

Así las cosas, él acepta que dejó de lado asuntos claves para la ciudad como la movilidad sostenible y la seguridad y pone el acento en el tema de la segregación que genera la ocupación indiscriminada del territorio y por ello propone que, de cara a fomentar la paz en la era del posconflicto, la ciudad se ocupe más democráticamente: que en un territorio tengan asiento distintos sectores de la sociedad y fomentar así el diálogo social.

Solicita la construcción de vivienda de calidad, de condiciones dignas, con posibilidades de financiación, en territorios aptos y que en su entorno faciliten la interacción de los niños de diversos niveles socioeconómicos en el contexto educativo y de esta manera generar una ciudad más incluyente y menos segregada. Otra de las necesidades de la ciudad, según el análisis es la gestión de procesos de renovación urbana que determine suelos sin riesgo y que además tengan posibilidades cercanas a los centros de empleo y equipamientos que le permitan a los habitantes acceso a una mejor calidad de vida; sumando a  ello el cuidado de bosques, humedales y fuentes hídricas.

A estas recomendaciones, el análisis suma otras para que la capital sea sostenible y contribuya con la construcción de paz, como la creación de un área metropolitana; la búsqueda de nuevas formas de gobierno; reglamentar la actividad minera y el tratamiento de los residuos sólidos con el fin de proteger las fuentes de agua y suelos entre otros.

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