Por solicitud de las organizaciones civiles y gobiernos locales, la Nueva Agenda Urbana acogió el “Derecho a la Ciudad” que debe ser tenido en cuenta para una verdadera construcción de ciudades inclusivas en los próximos 20 años en el mundo.
El Derecho a la Ciudad es un derecho individual y colectivo de todas y todos los habitantes, donde el territorio de las ciudades y sus alrededores (en una relación equitativa con el mundo rural), son considerados espacios de ejercicio y garantía de los derechos, a fin de asegurar la distribución y el beneficio equitativo, universal, justo, democrático y sostenible de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que ofrecen las ciudades.
De esta forma, el Derecho a la Ciudad supone algunos aspectos como:
- Ciudades donde se garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos para todos sus habitantes.
- Ciudades democráticas, transparentes y participativas, basadas en el empoderamiento ciudadano.
- Ciudades como bienes comunes de todos sus habitantes donde los derechos humanos priman sobre los procesos de privatización, de renta especulativa que conllevan la exclusión de las mayorías y donde se rescatan los centros históricos degradados evitando la gentrificación.
- Ciudades sostenibles, que mantienen una relación equilibrada y respetuosa con el entorno rural que les rodea y con los recursos naturales.
- Ciudades donde la economía mira por el bienestar de sus habitantes, basadas en un desarrollo económico local endógeno y sostenible, que se nutre de los recursos locales y no busca ante todo las inversiones del capital internacional.
- Ciudades multiculturales y acogedoras, que valoran la riqueza de las migraciones.
- Ciudades donde el espacio público es de todos/as, y donde se reconoce la necesidad de estos espacios para la libertad de expresión, para los múltiples usos de la ciudad.
- Ciudades donde se garantizan los derechos culturales por la inclusión social.
La mirada activista
Las estrategias de los promotores del ‘Derecho a la ciudad’, comienzan por llamar a combatir “la construcción de una ciudad insular o la construcción de una constelación de espacios discontinuos y desarticulados”, que para académicos y activistas son la expresión de un urbanismo que responde a los intereses comerciales del sector inmobiliario, que niega la base de un verdadero urbanismo ciudadano, que invade y destruye el espacio verde de la periferia, y que “abre las puertas a un urbanismo del espectáculo donde los edificios son cada vez altos, las urbanizaciones cada vez más exclusivas, y el objetivo es que compitan entre sí para irse ubicando como los símbolos principales de la ciudad, desplazando a los verdaderos símbolos”.
En consecuencia, los defensores del Derecho a la Ciudad llaman a los ciudadanos y a las organizaciones sociales a que reclamen ese derecho como reductor de las desigualdades, participando en el diseño de políticas integrales y luchando por los “derechos urbanos”: vivienda, espacio público, servicios básicos, transportes, entre otros, y “los derechos sociales, económicos, sostenibles, culturales y políticos”.
Derechos que frenen el auge del transporte automotor privado, que devora el espacio público, y erosiona y destruye el sentido que tiene la calle “como elemento vital de una ciudad y como la base material donde se produce la articulación de la vida social”.
El ‘Derecho a la ciudad’ –afirman los alternativos– también propende por espacios urbanos sin violencia, “porque ésta genera un tipo de ciudad que teme al espacio público, teme al otro, lo asume como un enemigo potencial, y teme a la cohesión y a la solidaridad”.
En definitiva, una nueva agenda urbana debe estar orientada no a usufructuar la ciudad “como una máquina de producir riqueza para unos pocos”, sino como un territorio para el cual “se deben diseñar marcos participativos basados en valores plurales y en conexión con la naturaleza”, y donde no tenga cabida la “producción deliberada del olvido que busca erosionar lo que son las identidades, la cohesión social y la memoria”.
