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Construir un mundo sin zonas de sacrificio

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El día 31 de diciembre de 2020 se puso fin a 50 años de funcionamiento de la termoeléctrica Boca Mina I, esto en la ciudad de Coronel (ciudad ubicada en el centro sur de Chile, administrativamente pertenece a la región del Biobío), quedando otras 3 termoeléctricas en funcionamiento. Este hito es un gran avance en materia medio ambiental, y en esto incluyo la salud pública. Esta termoeléctrica deja tras de sí cinco décadas de emisiones de CO2 al aire, los que fueron respirados por miles de coronelinos día tras día. Según datos del ministerio del medio ambiente las termoeléctricas de propiedad de ENEL (Boca Mina I y Boca Mina II) emiten 1.606.857 ton/año de CO2. Esto ocurre en la cuarta comuna más poblada de la región del Biobío.

Después de haber celebrado este acontecimiento, quedan algunas interrogantes que esperamos no se diluyan en el tiempo. La primera y más apremiante es que sucede con los responsables del envenenamiento de niños que han arrojado la presencia de metales pesados en su sangre. En el año 2019 se sometieron a un escueto análisis (voluntario) a un reducido sector de la comuna colindante a los parques industriales (donde se localizan las termoeléctricas). A raíz de estos hallazgos las autoridades políticas comprometieron estudios ampliados a un mayor rango de la población, incluyendo un perfil, hepático, renal y respiratorio, hasta la fecha no se sabe si se ha ejecutado esta promesa.  ¿Quién es el responsable? ¿Cómo enfrentar esta secuela imborrable en la vida de estas personas? El cierre de esta termoeléctrica no puede significar el fin de estos estudios, ni mucho menos el final en la búsqueda de los responsables directos.

Aún quedan tres centrales termoeléctricas en pleno funcionamiento, las cuales emiten 32.301.203 ton/año de CO2. Esto en una ciudad que registra los mayores índices de crecimiento habitacional de la región del Biobío. Muchas de estas viviendas corresponden a las denominadas viviendas sociales, las cuales son financiadas por el Estado y destinadas a los grupos más vulnerables. De esta forma se conjugan en un mismo territorio (bastante acotado) industrialización –de la más contaminante- con una población empobrecida, envenenada, sacrificada por el desarrollo energético de un país. Los habitantes de Coronel ya no son explotados por la mano del carbón (como lo fueron en el siglo pasado en la faenas extractivas de carbón en Lota y Coronel), hoy son excluidos. Se encuentran en una posición que no son necesarios para crear riqueza, y este fenómeno de exclusión es mucho más radical y agresivo que la explotación, ya que son catalogados de sacrificables, tanto ellos como su territorio. Recordemos que este calificativo de zona de sacrificio fue  acuñado e impuesto por otros no habitantes de estas zonas de sacrificio, difundido por la prensa y hoy ya es parte del discurso político.

Es de esperar que este cierre pueda ser el paso definitivo para una reconversión sustentable de este territorio. Es de esperar que seamos capaces de construir un país sin zonas de sacrificio.

Eduardo Torres Lara

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